POBREZA ENERGETICA
Se acabó el verano y llega el frío. Esto nos hace pensar en todas aquellas personas que este invierno, desgraciadamente, tendrán que enfrentarse a una situación ya conocida. Lo llaman «pobreza energética». No hay una definición exacta del término, pero creo que no es necesaria, todos lo entendemos.
Más del 11% de la población española no va a poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los próximos meses. Más del 15% invierte, al menos, el 10% de sus ingresos totales en pagar facturas energéticas.
En España, la electricidad y el gas son mucho más caros que la media de los países de la Unión Europea, se encarece más deprisa que en el resto de países y parece que continuará subiendo. Según Facua, el precio de la luz ha subido un 70% en los últimos 10 años, y esta subida de precios continuada genera más vulnerabilidad y pobreza energética.
El esquema actual no tiene en cuenta la importancia social que tiene el acceso a la energía ni cómo impacta en la desigualdad social, en la calidad de vida ni en la salud de las personas. Es una cuestión de suma importancia que podría estar ocasionando, según la Organización Mundial de la Salud, el 30% de las muertes adicionales de invierno.
Dice el Gobierno que es una prioridad luchar contra la pobreza energética y que es necesaria una reforma en profundidad del sistema actual, pero que no es fácil.
De momento, irán aplicando parches. Una de las medidas anunciadas recientemente habla de suprimir el 7% del impuesto a la generación de la energía, que en la factura doméstica supondría un ahorro de entre el 2 y el 4% o de entre un 5 y 5,5% en la factura de la industria. Poca cosa, aunque menos es nada. También se pide por parte de algunos grupos políticos una reducción en el IVA, aunque de esto poco se dice.
Lo cierto es que, de la factura de la luz, el 35% corresponde al coste de la electricidad, que en el mercado mayorista tiene el precio de la energía más cara, es decir, el megavatio hora tiene un coste distinto según proceda de una planta de ciclo combinado, de una nuclear, de una de carbón o de una hidráulica (que siendo una renovable tiene un coste de oportunidad similar al de las energías fósiles).
El 65% restante corresponde a tasas y cargas que gravan la distribución, la insularidad, compromisos históricos adquiridos o la financiación del déficit de tarifa.
En octubre de 2017 se modificó el Bono Social Eléctrico, de manera que los beneficiarios del antiguo bono social tienen hasta el 8 de octubre para acreditar la condición de consumidor vulnerable, y si no han hecho las gestiones para mantenerlo, van a perderlo. Las asociaciones de consumidores denuncian las dificultades con las que se están encontrando los consumidores ante el complejo trámite que supone el acceso y la renovación del bono. Pero claro, siendo las propias comercializadoras con las que hay que gestionarlo, no es de extrañar que pongan todo tipo de trabas.
…más de lo mismo…unos pocos
enriqueciéndose a costa de unos muchos con menos recursos. INDIGNANTE!
Gabinete de Prensa del STC