REFORMA DE LAS PENSIONES… PERO QUÉ REFORMA?

Resulta innegable que el sistema de pensiones en España –y en general en todo Occidente- no atraviesa uno de sus mejores momentos. Prueba de ello es que no dejan de publicarse estudios de expertos e informes de todo tipo, que aparecen en prensa, radio y televisión ocupando los titulares, las más de las veces con matices tendenciosos o interesados.

Por ese motivo hay que tener un extremo cuidado a la hora de tratar los datos, y procurar que su análisis y las conclusiones que se obtengan se aborden desde la objetividad más rigurosa, alejándonos de posiciones partidistas que puedan ocultar intereses económicos o políticos que no buscan lo mejor para la sociedad en su conjunto y para los trabajadores en particular.

Según datos del Banco de España el gasto en pensiones suponía en el año 2007 un 7,4 % del PIB, pasando en 2018 al 10,8 %; con una previsión de que en 2035 se sitúe entre el 15,8 y el 18 % del PIB –para 2050 la entidad reguladora estima que la previsión de gasto podría alcanzar el 24,4 % del PIB-.

El informe de KPMG señala que un 87 % de empresas encuestadas ven necesarias reformas adicionales, que en una mayoría de casos supondrían reducciones en la cuantía de las pensiones generadas.

Se señala que los principales problemas del sistema de pensiones son: la baja natalidad y el aumento progresivo de la esperanza de vida, que incrementa la llamada “tasa de dependencia” –relación entre la población mayor de 65 años y la población cotizante entre 16 y 64 años- que se situaba en 1976 en un 17,15 % y se encuentra en 2018 en un 29,61 %, con una proyección para 2056 del 56,88 %.

A dichas cifras no es ajena la llegada a edades de jubilación de la generación del “baby boom”.

Por lo que atañe a las cifras económicas, el incremento del gasto en pensiones se ha duplicado desde 1990 a 2018, siendo el desfase actual del sistema de pensiones de 18.000 millones de € anuales. En la hucha de las pensiones sólo quedan 1.500 millones, tras la “avispada” gestión de los gobiernos de PP y PSOE

Todos estos datos son innegables, pero lo cierto es que las soluciones que se precisan pueden tener matices muy diferenciados y con un sesgo ideológico y económico más que evidente.

Mientras, en la calle las movilizaciones de trabajadores, como las que está promoviendo la Coordinadora de Pensionistas, vienen reclamando unas mejoras -que ciertos partidos apoyan hasta el momento justo inmediatamente posterior a alcanzar posiciones de poder- consistentes en una pensión mínima en torno a los mil euros, la garantía de revalorización indexada al IPC y el blindaje constitucional de esa garantía.

Las reformas introducidas por los gobiernos de turno, hasta el momento siempre han venido del lado de las salidas de recursos del sistema, bien con reducción de las cuantías de las pensiones –en términos reales-,  o por una mayor exigencia de períodos de cotización, con el consiguiente retraso de la edad de jubilación. Como claro ejemplo de ello véase la reforma de 2013 auspiciada por el gobierno del PP, con el consenso tácito de la oposición, y la implementación del coeficiente reductor de sostenibilidad de las pensiones y el progresivo incremento de la edad de jubilación e incremento de los períodos de cotización utilizados para el cálculo de la cuantía de la prestación. Todo ello soluciones fáciles para los políticos… pero soluciones recesivas y muy poco eficaces.

Se habla a menudo –desde posiciones interesadas- de la conveniencia de complementar el sistema de público de pensiones con planes de pensiones de gestión privada. La implantación de este sistema de planes de pensiones, con las raquíticas ventajas fiscales otorgadas por la administración ha fracasado de forma clara en España al haber alcanzado a un porcentaje mínimo de trabajadores y por cuantías normalmente bajas, y hemos de colegir que no escondía más que la avidez de la banca y el sistema financiero por hacerse con el control del sistema de pensiones y los beneficios que vía comisiones le viene reportando, con escasísimas rentabilidades.

Desde STC pensamos que la vía clave para resolver los problemas del sistema de pensiones en España para por el mantenimiento del sistema público de pensiones, que blinde los derechos de nuestros mayores al disfrute de una vida digna y un poder adquisitivo garantizado constitucionalmente y a salvo de los manejos de los gobiernos de turno, y pasa así mismo por la reconfiguración del modelo de financiación del sistema –incrementando los ingresos de forma sostenida-, circunstancia esta que de una forma u otra ha de pasar necesariamente por la financiación del sistema de pensiones cargo a Presupuestos Generales del Estado.

Muchos políticos dirán que no hay dinero para ello… pero no dicen la verdad. Con una adecuada reasignación de los gastos públicos, reduciendo privilegios, subvenciones innecesarias a empresas, injustificables ayudas al sistema financiero, eliminación de las estructuras clientelares en torno a los partidos políticos e incluso a algunos sindicatos caracterizados por financiarse con estas prebendas, más que con las cuotas de los afiliados, estaríamos en el buen camino.

Buscar además formas imaginativas de financiación del sistema de manera que las grandes empresas destructoras de empleo de calidad, compensen vía impuestos las reducciones de costes que ejecutan para incrementar su competitividad, sin mejorar sus procesos o modelos de negocio, que es lo que les corresponde.

En definitiva, posiblemente hay que reformar el sistema, pero lo fácil y lo grave es ir a lo de siempre, reduciendo derechos y atacando la calidad de vida de millones de personas, lo más difícil y deseable garantizar los derechos y sencillamente mejorar la financiación.

La respuesta la tendremos pronto, ya que el próximo año 2020 volverá a reunirse el Pacto de Toledo para paliar los problemas del sistema, por ello es conveniente proseguir con las movilizaciones en defensa de las pensiones y los derechos sociales.

Exijámoslo. Allí nos vemos.